La situación judicial de Julieta Makintach sumó un nuevo capítulo luego de que el juez Esteban Rossignoli decidiera negar el pedido de detención presentado por Fernando Burlando y Fabián Améndola. Aunque la solicitud buscaba que la exjueza fuera apresada debido a su presunta influencia sobre testigos y eventuales maniobras para entorpecer la investigación, el magistrado explicó que la detención preventiva solo puede ser solicitada por el fiscal a cargo, de acuerdo con los procedimientos establecidos en el Código Procesal Penal.

Aun así, la decisión estuvo acompañada por una medida adicional que genera fuerte impacto: Makintach no podrá comunicarse de ningún modo con quienes intervienen como testigos. En su resolución, Rossignoli dispuso una prohibición total de contacto que abarca llamadas, mensajes, redes sociales e incluso cualquier tipo de intermediación. La restricción se mantendrá durante todo el proceso penal, salvo autorización expresa por motivos judiciales.

La determinación surge a partir de los planteos realizados por la querella, que había denunciado acciones orientadas -según su interpretación- a influir en personas clave del expediente. Entre los hechos mencionados figuraron episodios vinculados a una policía custodia, una médica esteticista y el cruce de Makintach con una periodista, a quien le dijo: “Me destrozaste”, frase que Burlando consideró un intento de amedrentamiento.

A pesar de ese cuadro, el juez remarcó que la solicitud de detención era improcedente por cuestiones formales. También rechazó los pedidos de la defensa de Makintach, que pretendía anular el proceso y recusar a los fiscales Cecilia Chaieb, Carolina Asprella y José Ignacio Amallo. Para Rossignoli, no hay elementos que indiquen que los representantes del Ministerio Público hayan perdido objetividad o vulnerado las reglas del procedimiento.

Así, confirmó la validez de lo actuado por la fiscalía y la continuidad plena de la investigación en curso. En su argumentación, Burlando había sostenido que existía un “peligro cierto de fuga, peligro de entorpecimiento concreto, conducta grave orientada a influir en testigos y manipular prueba”, además de remarcar la “gravedad institucional del caso”.