La decisión fue informada mediante un escrito del Ministerio Público, que detalló que la medida busca preservar la investigación, esclarecer las causas del fallecimiento y evitar especulaciones en torno al caso. El fiscal general, Dr. Luis Alberto de la Rúa, respaldó la decisión señalando que era “necesaria e indispensable” ante la mediatización y consternación pública generadas.

Entre las diligencias pendientes, se destacan las pericias del teléfono celular de la víctima y la reautopsia de su cuerpo, cuya exhumación se llevó a cabo recientemente. La Fiscalía aclaró que aún no hay imputados en la causa, pero considera esencial mantener la reserva para avanzar en las pericias necesarias.

Por su parte, el abogado de la familia Torres, Dr. Sebastián Robles, expresó su apoyo a las investigaciones y destacó la disposición de la familia para colaborar con el proceso. Sin embargo, subrayó la necesidad de obtener informes técnicos concluyentes: “Hasta ahora no hay evidencias contundentes que generen un cambio en la causa. La reautopsia y los análisis pendientes serán clave para despejar cualquier duda”, afirmó.

La familia de Luciana se mantiene al margen de las campañas en redes sociales que exigen justicia, según aclaró Robles, y su objetivo principal sigue siendo conocer la verdad sobre lo sucedido. La causa, que ha generado amplio interés social y mediático, continuará bajo estricta reserva mientras avanzan las investigaciones.