El caso que involucra a la influencer santiagueña Valentina Olguín sumó un nuevo capítulo judicial en Tucumán, donde fue indagada nuevamente por la Justicia Federal, esta vez bajo una acusación agravada de “contrabando simulado en concurso real”. La defensa de la joven solicitó que el expediente sea remitido a Buenos Aires, alegando que allí se concentran las denuncias conexas.

Asistida por sus abogados Claudia Paz y Juan Tiberio, Olguín participó de la audiencia por videoconferencia, en el marco de una investigación encabezada por el fiscal federal Agustín Chit. Según el expediente, la influencer habría utilizado de manera fraudulenta el CUIT del gobernador tucumano Osvaldo Jaldo y los datos de otros mandatarios provinciales para realizar operaciones de importación irregular de mercadería desde Estados Unidos.

La causa tuvo su origen el 28 de octubre de 2024, cuando el propio Jaldo denunció que su CUIT personal había sido utilizado sin autorización para efectuar compras en el exterior a través del régimen Courier, utilizando la empresa FedEx. El perjuicio económico fue estimado en $ 1.367.313,08 (equivalentes a USD 1.281,45). Las maniobras fraudulentas se habrían realizado mediante la tienda online “Revolve”, falseando información ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). La investigación determinó que Olguín habría usado identidades de distintos gobernadores para sus compras: cinco operaciones con los datos de Jaldo, cinco con los del pampeano Sergio Ziliotto, cuatro con los del bonaerense Axel Kicillof, y una con los de Rogelio Frigerio (Entre Ríos) y Marcelo Orrego (San Juan), respectivamente. En total, se habrían registrado 16 compras con irregularidades detectadas.

El 12 de diciembre de 2024, efectivos de la Policía Federal Argentina —Departamento Antisecuestro Norte— realizaron un allanamiento en el domicilio de la acusada, ubicado en el barrio Núñez de Buenos Aires. Allí se secuestraron USD 16.646, bolsas con mercadería de la marca “Revolve”, un iPhone 15 Pro, una computadora, tres facturas de FedEx, cámaras digitales y más prendas nuevas embaladas.

La figura penal de “contrabando simulado en concurso real” implica la comisión de múltiples delitos vinculados entre sí, lo que agrava la situación procesal de la acusada. Los letrados de Olguín insistieron en que la causa debería ser acumulada en Buenos Aires, donde se tramitan otros expedientes con características similares. Sin embargo, las jurisdicciones involucradas declararon su incompetencia, por lo que el fiscal Chit continuará al frente del proceso en Tucumán, en tanto la Corte Suprema o la Cámara de Casación Penal podrían resolver el conflicto de competencia.

La influencer, conocida en redes por su actividad vinculada a la moda y las compras internacionales, enfrenta ahora una acusación federal con penas que podrían superar los seis años de prisión, en un caso que expone las nuevas modalidades del contrabando digital y la usurpación de identidad fiscal para operaciones de comercio exterior.