El juez federal José Manuel Díaz Vélez resolvió procesar a Valentina Olguín y ordenar un embargo por $5 millones, aunque únicamente por el caso que involucra al gobernador Osvaldo Jaldo. La joven continuará el proceso en libertad. Su defensa buscará cerrar la causa mediante una probation.

Valentina Olguín, reconocida cantante e influencer de Santiago del Estero, fue procesada por el delito de contrabando simulado. La acusación surge tras descubrirse que utilizó los datos fiscales de cinco gobernadores para realizar compras en el exterior y traer mercadería al país.

El caso se inició en noviembre pasado, cuando el gobernador tucumano Osvaldo Jaldo detectó tres operaciones de compra a su nombre en una tienda de Miami. Tras verificar que su entorno no había hecho uso de su cupo de importación, presentó una denuncia ante la fiscalía federal a cargo de Agustín Chit.

"Decidimos mantener el tema en reserva para no interferir con la labor de la Justicia Federal", explicó Jaldo.

El fiscal Chit, con apoyo de la Dirección General de Aduanas, confirmó que Olguín había utilizado la identidad, DNI y domicilio fiscal de Jaldo para adquirir prendas que luego eran enviadas a domicilios en Córdoba, Buenos Aires y Santiago del Estero. Posteriormente se descubrió que la maniobra también afectó a los gobernadores Axel Kicillof (Buenos Aires), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Sergio Ziliotto (La Pampa) y Marcelo Orrego (San Juan).

Kicillof y Jaldo fueron los únicos que advirtieron la irregularidad por cuenta propia, debido a sus conocimientos técnicos como economista y contador, respectivamente. Los demás se enteraron a partir de la investigación de Chit.

Durante su declaración indagatoria, Olguín —asistida por la abogada Claudia Paz— habría admitido los hechos y señalado que obtuvo los datos a través de Google. Explicó que recurrió a identidades ajenas tras agotar el cupo personal de importación, así como el de familiares y conocidos. Según su relato, pensó que una encomienda a nombre de un gobernador tendría menos controles y no sería retenida.

Sin embargo, los investigadores no consideran del todo consistente esta versión y sospechan que hubo una estrategia deliberada detrás de la maniobra.

El juez Díaz Vélez respaldó la acusación formulada por el fiscal Chit, pero la causa continuará por ahora únicamente respecto al caso de Jaldo. Chit envió copias del expediente a las jurisdicciones de los demás mandatarios para que sus pares evalúen si inician investigaciones propias.

La defensa de Olguín evalúa solicitar una probation, que incluiría una reparación económica —posiblemente una donación al Hospital de Niños— y un pedido de disculpas al gobernador tucumano.

Olguín fue imputada por contrabando simulado, según el artículo 864, inciso e, del Código Aduanero, que sanciona a quien simule una operación de importación o exportación para obtener un beneficio económico. La pena puede ir de dos a ocho años de prisión.

Cabe destacar que la acusación no incluye el uso de fondos públicos, ya que Olguín habría pagado con dinero propio. Si hubiera utilizado recursos de los gobernadores, el delito sería más grave. La probation es una herramienta legal que permite a imputados sin antecedentes penales evitar el juicio si el delito no supera los tres años de prisión. Implica cumplir condiciones que establece un juez, como realizar trabajos comunitarios o una reparación económica.