Los trabajadores fueron en condiciones infrahumanas, sin las necesidades básicas cubiertas, hacinados y con peligro inminente.

El juez federal N° 2 de Córdoba, Alejandro Sánchez Freytes dictó el procesamiento de los tres individuos acusados de participar en un grave caso de explotación laboral. Fueron imputados como coautores del delito de trata de personas agravado.

Como medida cautelar, el magistrado dispuso un embargo de 20 millones de pesos sobre los bienes de los empresarios, quienes negaron las acusaciones, pese a las pruebas presentadas en su contra.

Investigación

El caso salió a la luz luego de una denuncia realizada en 2022, a través de la línea 145 contra la trata de personas. Un hombre alertó que sus hijos de 16 y 18 años, junto con un sobrino habían sido trasladados hasta Paso Viejo, en Cruz del Eje donde se desempeñaban en tareas de cosecha de papas.

Según este testimonio, García habría actuado como el captador de las víctimas en Villa Atamisqui, con promesas de alojamiento digno, comida adecuada y un buen salario. Así, las familias decidieron enviar a sus hijos.

Pero al llegar al lugar, las condiciones eran completamente distintas. El grupo permanecía hacinado en un inmueble diminuto, precario y con las instalaciones eléctricas en malas condiciones al punto de poner en riesgo la vida de todos. Como baño tenían una letrina sin techo, hecha de nylon.

Tampoco contaban con la protección adecuada para las largas jornadas de trabajo, y exposición a condiciones de riesgo. Los trabajadores descansaban sobre colchones sucios, colocados directamente en el suelo, sin sábanas ni frazadas.