La investigación por el presunto cobro de sobornos a tours de compras y bagayeros sumó un nuevo capítulo este lunes, luego de que el juez federal N° 2 de Santiago del Estero, Sebastián Argibay, ordenara allanamientos en las dependencias de la División Unidad Operativa Federal (DUOF) y de la Brigada de Investigaciones de la delegación Tucumán de la Policía Federal Argentina.

Las medidas se enmarcan en la causa que tiene a siete efectivos tucumanos imputados por integrar una supuesta maniobra de cobro de coimas para facilitar el paso de mercadería de contrabando.

En cumplimiento de la orden judicial, efectivos de Gendarmería Nacional ingresaron a las oficinas ubicadas sobre calle Laprida, en San Miguel de Tucumán, donde secuestraron documentación considerada de interés para la investigación.

Entre los elementos incautados figuran el libro oficial de servicio, el libro del sargento de guardia, los partes informativos vinculados a la implementación de controles vehiculares, el estado de cuarto y el libro de brigada.

Todo ese material será sometido a análisis por especialistas de la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales de Gendarmería Nacional, con el objetivo de reconstruir la actividad desarrollada por los efectivos y verificar posibles irregularidades.

La causa judicial investiga a siete policías federales tucumanos acusados de exigir pagos ilegales a coordinadores de tours de compras y bagayeros para permitir el traslado de mercadería sin controles en la zona de Rapelli, en Santiago del Estero, un corredor considerado estratégico para el contrabando procedente de la frontera norte.

En paralelo al avance de la investigación judicial, las máximas autoridades de la Policía Federal Argentina adoptaron medidas administrativas y resolvieron desplazar de sus cargos al jefe del Departamento de Investigaciones Federales Tucumán y a la jefa de la DUOF Tucumán. Ambos funcionarios fueron pasados a disponibilidad mientras continúa la pesquisa y se determina el alcance de las responsabilidades dentro de la fuerza.

Con los allanamientos y el secuestro de documentación oficial, la Justicia Federal busca profundizar el análisis sobre el funcionamiento interno de la delegación tucumana y establecer si existieron irregularidades administrativas o posibles vínculos con la maniobra investigada, que ya derivó en la detención de siete efectivos federales acusados de participar en un esquema de corrupción vinculado al transporte de mercadería de contrabando.